C A P Í T U L O X I
La política antiinflacionaria
A. Las lecciones aprendidas
Una de las lecciones más importantes aprendidas durante el largo período inflacionario de Chile es que, una vez que la inflación se hace presente por algún tiempo, los distintos sectores de la economía buscan la manera de protegerse de ella. Las formas que toma dicha protección son muy diversas. Algunos grupos buscan obtener leyes que ajusten sus precios automáticamente con la inflación (como el reajuste automático de sueldos). Otros acumulan bienes cuyo precio esperan que suba con la inflación (como propiedades y monedas extranjeras). Otros evitan hacer gastos cuyo rendimiento está sometido a mayor incertidumbre debido a la inflación (como las inversiones que rinden fruto a plazo largo). En general, todas las formas de protección contra la inflación tienen
costos económicos y sociales para la comunidad: obligan a destinar recursos para protegerse del alza de precios, en vez de usarlos para incrementar la disponibilidad de bienes y servicios, a la vez que generan o agravan los conflictos sociales lo que, a su vez, reduce las posibilidades de producir más.
Por estos motivos, las autoridades siempre intentaron contener y eliminar la inflación, pero con muy poco éxito hasta el último cuarto del siglo XX. Entonces la inflación se alimentaba con resupuestos fiscales permanentemente deficitarios, financiados por el Banco Central mediante préstamos al fisco que no se pagaban nunca. Esto permitía aumentar el gasto público sin que creciera paralelamente el producto potencial, con lo que los precios estaban persistentemente presionados hacia arriba. Por su parte, el sector privado también aumentaba su gasto más allá de las posibilidades productivas de la economía, obteniendo préstamos del sistema financiero interno o externo; así, contribuía también a la inflación.
Al mismo tiempo, los mismos mecanismos de defensa contra la inflación ideados por los diversos sectores, hacían más difícil eliminarla. Tales mecanismos, en la medida en que protegían a estos sectores, que les importaba menos detener la inflación, restaban eficacia a las políticas antiinflacionarias. Por ejemplo, el reajuste automático de sueldos sobre la base de la inflación del año anterior contribuía a generar la necesidad de tener inflación en el período siguiente: habían subido los sueldos, y muchas empresas transferían el alza a sus precios; si no lo hacían debían despedir trabajadores, lo que las autoridades consideraban, con razón, indeseable.
Muchos intentos por detener la inflación en Chile fracasaron. Por ejemplo, en 1959 las autoridades pensaron que una manera de detenerla sería fijar un precio clave que arrastrara con él a los demás. Escogieron el precio del dólar, que se declaró inamovible y fijo. Pero continuaron subiendo otros precios y costos en la economía. Con el dólar fijo, los precios de las importaciones tendían a subir menos que los demás, y las cosas importadas competían así con ventaja con los productos nacionales. Por su parte, las exportaciones perdían capacidad para competir en el exterior, puesto que los dólares que obtenían los exportadores tenían que venderse a precio fijo, mientras sus
costos de producción subían. Pronto fue evidente que esta política de tipo de cambio fijo no resistiría, y los que podían hacerlo compraban dólares para guardarlos y aprovechar un futuro aumento de su precio. Mientras tanto, el Banco Central vendía dólares en el mercado al precio fijado por la autoridad para evitar que subiera, perdiendo así sus reservas.
Dos años después, a fines de 1961, el sistema de tipo de cambio fijo no resistió más, y las autoridades se vieron obligadas a permitir que el precio del dólar subiera, con lo que la inflación volvió a tomar impulso. Pero como esto se hizo en un ambiente de crisis, las autoridades establecieron todo tipo de controles a la compra y venta de dólares en los bancos, así como a las importaciones, estableciendo un “precio oficial” para el dólar e intentando evitar que su precio subiera demasiado, estableciendo diversas limitaciones a la compra de dólares. Como resultado, apareció un mercado negro de dólares: los que necesitaban comprar más dólares que los autorizados, pagaban más caro por ellos, saltándose las regulaciones; por su parte, los que vendían dólares trataban de hacerlo al mejor precio que se ofrecía en el mercado negro, entregando al mercado oficial solo lo que no podían evitar. El “precio oficial” del dólar no era entonces una señal apropiada para la asignación de recursos entre importaciones y exportaciones, y productos similares, ni tampoco para la producción interna.
Lo mismo ocurrió en 1979. Las autoridades de la época decidieron fijar el precio del dólar para terminar de una vez con la inflación y “anclar” los precios. Sin embargo, otros precios continuaron subiendo, y pronto ocurrió lo mismo que había pasado 20 años antes. Se hizo evidente que el precio del dólar tendría que subir: la gente compraba dólares para guardarlos y el Banco Central perdía reservas. A fines de 1981, ocurrió lo inevitable. Las autoridades permitieron un aumento del precio del dólar lo que, esta vez, trajo graves consecuencias.
De hecho muchas empresas, confiando en la política de cambio fijo, habían pedido préstamos en dólares que les resultaban muy convenientes ya que, mientras los demás precios subían, el precio del dólar se mantenía inalterable. Cuando este precio subió, no tenían los recursos para pagar sus deudas, ahora mucho más altas en pesos. Un gran número de empresas quebró y, con ellas, los bancos perdieron el valor de los préstamos que no podían cobrar. Casi todos los bancos del país se vieron en la situación de no poder cumplir sus compromisos, y el Estado chileno debió asumir la responsabilidad de evitar una quiebra generalizada del sistema financiero. Todo esto trajo como
consecuencia una violenta reducción del gasto público y privado, un muy elevado desempleo que llegó hasta 30 % de la fuerza de trabajo y una caída del producto efectivo de 17% en dos años.
Estos dos ejemplos ilustran un hecho muy importante: una política antiinflacionaria exitosa no puede basarse solo en establecer un ancla para los precios. Requiere, además, proveer los medios para regular el gasto público y privado, evitar grandes desequilibrios en ciertos mercados, como el del dólar, y tomar en cuenta los mecanismos existentes para protegerse de la inflación y el efecto de aquellos sobre el curso futuro de esta.
Así, la política antiinflacionaria se entiende como un conjunto de medidas y acciones dirigidas a contener y evitar la inflación, y no una medida aislada, por resonante que esta sea.
Como se ha visto, la inflación prolongada es producto de excesos permanentes del gasto sobre el producto potencial, de manera que la clave de la política antiinflacionaria es reducir y eliminar dichos excesos, que pueden provenir del sector público o del privado, de modo que ambos tienen que ser abordados.
B. ¿Cómo regular el gasto público?
El gasto público se decide de manera centralizada, de acuerdo con procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes. Sin embargo, hay una presión política permanente para aumentarlo, ya que las necesidades del país son infinitas, sin reconocer que la escasez de los recursos no permite hacerlo todo.
En particular, cuando en circunstancias favorables el producto efectivo crece y llega a estar por encima del potencial, hay un efecto positivo sobre los ingresos públicos. Crecen los ingresos de las personas y también las utilidades de las empresas, con lo que el fisco recibe mayores impuestos. Esto contribuye a estimular el gasto fiscal, lo que puede acelerar el crecimiento del producto efectivo y acentuar las presiones inflacionarias. Cuando las circunstancias favorables desaparecen, el fisco encuentra que han caído sus ingresos, pero desea continuar con los gastos altos para estimular la economía, sin tener los recursos para ello. La salida tradicional fue la de pedir préstamos al Banco Central o a instituciones internacionales, con la idea de pagarlos cuando volviesen las circunstancias favorables.
Cuando estas volvían, en vez de pagar los préstamos se aumentaba nuevamente el gasto, lo que contribuía a mayores fluctuaciones de la economía y, a la vez, a un creciente endeudamiento interno y externo que eventualmente llevaba a nuevas crisis.
La salida a este tipo de disyuntivas fiscales está en ahorrar en los tiempos de bonanza para poder gastar en los tiempos de escasez. En otros términos, se trata de manejar con cautela y austeridad los tiempos buenos en cuanto a ingresos fiscales, para tener un margen al cual recurrir cuando los ingresos se debilitan, sin tener que aumentar el endeudamiento y sin tener que introducir mayores fluctuaciones en el producto efectivo y en el gasto global.
Una manera de poner estas conclusiones en práctica es la de definir el gasto público en relación con variables más estables de menor volatilidad, como por ejemplo el producto potencial. Cuando los ingresos exceden a los gastos, se acumula un superávit. En cambio, cuando los ingresos son menores que los gastos, se echa mano al superávit acumulado para financiar la diferencia, manteniendo el gasto de acuerdo con el crecimiento del producto potencial. De esta manera, es posible calcular el crecimiento de los ingresos y los gastos públicos de manera que, en el promedio de varios años, se dé un equilibrio, o un superávit, en las cuentas fiscales. Un superávit de este tipo se llama superávit estructural.
En Chile, se cuenta con una política fiscal de este tipo. El fisco se ha fijado como meta, desde comienzos del año 2001, obtener un superávit estructural equivalente a 1% del PIB, con la finalidad de acumular, en promedio, recursos que le permitan enfrentar problemas futuros o reducir sus deudas. Durante la última década del siglo XX, el fisco de Chile obtuvo sistemáticamente superávit en sus cuentas; sin embargo, debido a una crisis en Asia que se transmitió a todo el mundo, en los ultimos dos o tres años se registraron déficit fiscales, que se financiaron recurriendo a los superávit acumulados en los años anteriores.
Esta política fiscal, generalmente prudente, ha sido una importante contribución a regular el crecimiento del gasto global y a detener la inflación.
Un aspecto singular de la política fiscal chilena es el manejo de los ingresos provenientes de las exportaciones de cobre. Para propósitos del presupuesto, se hace primero una estimación del precio del cobre que prevalecerá, en promedio, en los próximos años, y luego, se cuantifican los ingresos que ello le producirá al fisco. Si el precio efectivo resulta ser más alto que el establecido en el presupuesto, el excedente de los ingresos básicamente se ahorra, depositándolo en un fondo especial, el Fondo de Compensación del Cobre, en el Banco Central. Solo se permite el gasto de una pequeña proporción de ellos. Si, en cambio, el precio efectivo es más bajo que el presupuestado, los ingresos del fisco mostrarán un déficit, que se financia recurriendo a parte de las reservas acumuladas en el fondo del cobre.
Tanto el crecimiento del producto potencial, que determina el crecimiento del gasto, como el precio del cobre que se espera prevalecerá en los próximos años (llamado también precio de largo plazo) son estimados una vez al año, por un grupo independiente de expertos. Esto permite corregir, anualmente, posibles errores de estimación en el crecimiento potencial y en el precio de largo plazo del cobre.
Una política de ahorro público en los momentos de bonanza evita el crecimiento desmesurado del gasto público en momentos en que el gasto privado seguramente está creciendo. A su vez, en los malos momentos, permite mantener el gasto evitando agravar la caída del gasto privado. Así, el gasto público juega un papel moderador de la economía, y constituye uno de los pilares fundamentales del control del gasto global, de la lucha contra la inflación y de la mantención de un ritmo de crecimiento más estable a través del tiempo.
C. La regulación del gasto privado
Contrariamente a lo que ocurre en el caso del gasto público, las decisiones de gasto en el sector privado están completamente descentralizadas. Millones de agentes toman decisiones independientes acerca de su gasto, de modo que la regulación de este no puede hacerse mediante disposiciones directas a partir de un centro de decisiones. En el sector privado, las decisiones de gasto tienen que ver con los ingresos de la familia, sus expectativas acerca del curso futuro de esos ingresos, su acceso al crédito y la protección social que exista en caso de desempleo. En el caso de las empresas, su gasto dependerá de sus utilidades y del curso futuro que se espera de ellas, de las oportunidades de inversión que se presenten, del costo de realizar inversiones y su rendimiento esperado, de su acceso al financiamiento, y del grado de estímulo que provea la economía internacional al demandar productos y servicios del país a precios convenientes.
Como son tantos los agentes independientes que toman decisiones de gasto en el sector privado, la única manera de contribuir a su regulación es mediante estímulos o desestímulos indirectos al gasto sobre los cuales pueda influir la autoridad. La tasa de interés es el principal de ellos.
El Banco Central puede influir directamente sobre la tasa de interés a la cual está dispuesto a prestar a los bancos o a recibir dinero de ellos. En la práctica, el Banco Central lo hace fijando la tasa que está dispuesto a pagar para recibir depósitos de los bancos, o a cobrar para prestarles dinero.
Mediante estas operaciones, el Banco Central se asegura que la tasa de interés de sus peraciones sea la que el Banco desea mantener. Si el Banco quiere bajar la tasa, lo anuncia públicamente y realiza luego sus operaciones de tal manera que la tasa deseada prevalezca en el mercado.
En el mercado financiero hay muchas tasas de interés distintas, para operaciones diversas. Por ejemplo, la tasa que los bancos cobran por préstamos pequeños a quienes desean hacer alguna compra de consumo es más alta que la cobrada por préstamos más grandes a empresas de reconocida solvencia. Esto se debe tanto a consideraciones de riesgo de no pago por parte del deudor (se considera menor el riesgo de una empresa reconocida que ha cumplido siempre sus compromisos), como al costo de administración que implican para el banco los préstamos pequeños comparado con aquel de los grandes. También hay tasas distintas según el plazo del crédito, según la moneda en que se contrate (dólares, UF, pesos chilenos u otras), según el tipo de crédito (crédito comercial, hipotecario, de comercio exterior, de consumo u otros), lo que está relacionado con el riesgo. Además, las tasas varían entre bancos para un mismo crédito.
Sin embargo, todas las tasas de interés en el mercado son influidas por la que establece el Banco Central para sus operaciones. El Banco solo fija la tasa de sus operaciones de más corto plazo, llamada Tasa de Política Monetaria (TPM) y deja que las demás sean determinadas por el propio mercado. Esto no siempre fue así. En el pasado, y hasta mayo de 1995, el Banco Central usaba la tasa de operaciones a 30 días para la política monetaria, pero se consideró que era mejor usar la tasa de muy corto plazo, de un día, porque así todas las tasas de plazos mayores a un día resultaban determinadas por el mercado y no directamente por la autoridad. El método actual permite una mayor flexibilidad en todas las tasas de plazos mayores a un día. Pero la TPM que establece el Banco es el costo que tienen los bancos para obtener fondos del Banco Central, y ese costo influye en la determinación de todas las tasas en el mercado.
La influencia de la tasa que fija el Banco Central sobre las otras tasas en el mercado no es inmediata. En realidad, en algunos casos dicha influencia se manifiesta luego de varios meses, y lo hace de manera gradual. Esto se debe a que los cambios en la tasa del Banco Central se aplican a los créditos nuevos, que se conceden después de dichos cambios, mientras que aquellos ya en vigor no se ven necesariamente afectados hasta su vencimiento, por lo que el efecto del cambio sobre los deudores es lento: los nuevos créditos forman una parte pequeña del total de créditos vigentes.
Los cambios en la tasa del Banco Central demoran en transmitirse al resto del sistema financiero. Pero esto no es todo. Además, los cambios en las tasas de interés no afectan de inmediato el gasto de empresas y personas. En el caso de las empresas, luego del cambio en las tasa de interés, ellas deben hacer un juicio acerca de cuánto dura ese cambio y de cuál podrá ser la tendencia futura de las tasas con el objetivo de revisar sus decisiones de producción y de inversión. Si las empresas creen que el cambio durará poco y que luego se volverá a las tasas anteriores, dicho cambio tendrá poca o ninguna influencia en sus decisiones. En cambio, si piensan que se mantendrá o que se acentuará en el futuro, las empresas pueden modificar sus planes de producción y de inversión, lo que afectará el gasto. Un aumento de tasas desalentará la inversión, ya que incrementa los costos de obtener los fondos necesarios. Además, tasas más altas significan que la empresa tendrá menos recursos propios disponibles para invertir, ya que llegará el momento en que las tasas más altas se aplicarán a los créditos que necesita no solo para invertir sino, además, para financiar sus operaciones corrientes, induciendo a la empresa a destinar sus recursos propios a financiar dichas operaciones. Por otra parte, tasas de interés más altas estimularán a las empresas a poner su dinero en los bancos, en depósitos que ganen interés, lo que también constituye un desestímulo al gasto. Por supuesto, lo contrario ocurre con reducciones de la TPM.
En el caso del gasto en consumo de las familias ocurre algo similar. Un alza en la TPM se reflejará eventualmente en los costos de las familias al pedir prestado, con lo que dicho aumento desestimulará el gasto a la vez que restará recursos que podrían destinarse a gastar y que deberán dedicarse a pagar los intereses más altos. También en este caso se da que tasas más altas inducen, a quienes puedan hacerlo, a poner el dinero a ganar intereses en el banco en vez de gastarlo.
Así, tanto para las empresas como para las familias y personas, los cambios en la tasa de interés del Banco Central se transmiten al gasto, por diversos canales: un canal directo, ya que el cambio en la tasa afectará eventualmente el costo de pedir prestado, y canales indirectos, como el efecto del cambio en la tasa sobre los ingresos disponibles de empresas y consumidores y sobre el incentivo para mantener dinero depositado a intereses en vez de gastarlo.
Hay también otro canal indirecto de transmisión de los cambios en la tasa de interés sobre el gasto. Como tales cambios afectan las utilidades de las empresas, esto se refleja en los precios de las acciones en la bolsa de comercio. Las personas y empresas que poseen acciones como parte de su riqueza perciben el impacto de tales cambios en esta. Una baja en la tasa tenderá a elevar el precio de las acciones y sus dueños se sentirán más ricos; esto los inducirá a aumentar su gasto. Lo contrario ocurrirá frente a las alzas de la tasa. Sin embargo, hasta ahora este efecto es poco importante en Chile, ya que no son muchas las personas o empresas que son dueñas de acciones. En el futuro este efecto será mayor, ya que las pensiones de jubilación dependerán del rendimiento de las inversiones que hagan las AFP con sus recursos y ese rendimiento depende, en parte importante, de lo que ocurra con el precio de las acciones.
D. El efecto retardado de las tasas de interés sobre el gasto
Ya hemos señalado que los cambios en la tasa de interés dispuestos por el Banco Central se transmiten con alguna demora a las tasas que cobran y pagan los bancos. Los cambios en la tasa de interés del Banco Central preceden, a veces por varios meses, a los cambios en las demás asas de interés, aunque eventualmente estas últimas se mueven en la misma dirección que la tasa del Banco Central.
Como ya se ha visto, los cambios en las tasas que cobran y pagan los bancos a sus clientes, no tienen un efecto inmediato sobre el gasto, ya que empresas y familias necesitan asegurarse de que el cambio perdurará antes de modificar sus planes de inversión y consumo.
Todavía más, el efecto del gasto sobre los precios también es retardado, y depende mucho de la relación entre el producto potencial y el producto efectivo. Si el efectivo está por encima del potencial, un aumento del gasto se transmitirá con mayor rapidez a los precios, puesto que no será fácil incrementar la producción frente a la mayor demanda. En cambio, si el producto efectivo está por debajo del potencial, podría no haber efecto del gasto sobre los precios, sino principalmente sobre el nivel de actividad ya que, en tal caso, habrá factores desempleados y capacidad productiva para enfrentar el mayor gasto.
Estas consideraciones son muy importantes para las decisiones de política monetaria. Si los cambios en la tasa del Banco Central producen su efecto sobre el gasto solo meses después de acordados y puestos en práctica, y el gasto afecta a los precios aún más tarde, el Banco Central tiene que anticiparse a los hechos con sus decisiones.
En otras palabras, las decisiones sobre la tasa de interés tienen que basarse en lo que se espera que ocurra en el futuro, y no en lo que está ocurriendo hoy. Como el futuro no se conoce, es necesario hacer estimaciones de lo que es posible que ocurra de acuerdo con lo que hoy puede percibirse. Dichas estimaciones se llaman proyecciones, y están sujetas a probables errores si cambian las circunstancias que hoy se perciben. Una proyección no es una predicción. La predicción es a todo evento, y solo la hacen los profetas y los adivinos.
E. El tipo de cambio y la política antiinflacionaria
Para muchos, una parte importante de la política antiinflacionaria tiene que ver con la regulación del precio del dólar. Ya hemos visto cómo, en la historia económica de Chile, se intentó detener la inflación fijando el precio del dólar. También hemos señalado que dicho enfoque fracasó, lo que ha ocurrido también en otros países. Las razones de estos fracasos son muchas, pero entre ellas siempre aparece el exceso de gastos, aunque a veces se trate de excesos en el gasto público, a veces en el privado y, en la mayoría de los casos, en ambos. Cuando hay un exceso de gasto por encima del producto potencial, habrá eventualmente presiones sobre los precios internos; los
agentes se dan cuenta de que el tipo de cambio no resistirá mucho y comenzarán a comprar divisas para ganar dinero (o no perderlo) cuando el precio de las divisas se eleve. Si las autoridades intentan resistir estas tendencias sin regular el gasto de los agentes, llegará un momento en que la demanda de divisas tendrá que ser enfrentada por el propio Banco Central, que comenzará a venderlas en el mercado para evitar alzas en su precio, sacándolas de las reservas que pueda haber acumulado en el pasado o pidiendo prestado en el extranjero.
La tentación para actuar de esta manera es grande, porque se sabe que los aumentos bruscos del precio de las divisas, llamados devaluaciones, se transmiten con rapidez al resto de los precios por varios canales. En primer lugar, el aumento se transfiere directamente al precio de los productos importados y a aquellos de productos nacionales que los usen como insumo, ya que los precios en divisas deben multiplicarse por un factor mayor para transformarlos a pesos. Por ejemplo, un producto importado que vale US$100, si el precio del dólar es de $600 por dólar costará, en pesos, $60.000. En cambio, si el precio del dólar es de $650 costará, en pesos, $65.000.
Cuando el Banco Central comienza a perder reservas, esta información se hace pública rápidamente ya que los bancos centrales publican sus balances con frecuencia. Como las reservas del Banco Central son un elemento de seguridad para los acreedores de que el país podrá pagar normalmente sus deudas, la disminución de las reservas ocasiona pérdida de confianza, tanto en el país como en el exterior. Los prestamistas externos comienzan a mostrarse reticentes, y puede llegar un momento en que eleven los intereses que cobran y hasta dejen de prestar.
Por su parte, los agentes nacionales pueden llegar a temer que esto se transmita al país, e incluso que el Banco Central o el Gobierno tengan dificultades para pagar los intereses, o aun el capital, de sus bonos. Comienzan, por eso, a exigir mayores intereses debido al riesgo, o a deshacerse de los bonos que puedan tener, con lo que su precio baja.
Al caer el precio de los bonos, como el monto de interés que se paga por ellos es fijo, el pago de intereses, como porcentaje del precio del bono, se eleva. Por ejemplo, si el bono se vendió inicialmente en $100, y prometió pagar intereses por $5 al año, esto implica una tasa de interés de 5%; si el precio del bono baja a $80, los $5 de interés representarán ahora una tasa de (5/80)*100 lo que equivale a 6,25%. Si el Banco Central insiste en mantener la misma tasa anterior, de 5%, tendrá que comprar los bonos que se ofrecen en el mercado con el fin de mantener su precio en $100, entregando dinero a cambio.
El dinero adicional que el Banco Central entrega para comprar bonos implica que los compradores de divisas tendrán el financiamiento para continuar comprándolas, presionando, cada vez más, su precio al alza. Se genera así una pérdida creciente de reservas del Banco Central hasta que el Banco se vea obligado a elevar el precio de las divisas. El Banco también puede dejar que suba la tasa de interés, o hacerla subir, hasta que los tenedores de bonos y otros activos financieros se convenzan de que el Banco Central no permitirá un aumento en el precio de las divisas.
Como se desprende de este caso extremo, el Banco Central tiene la opción de actuar dejando que se mueva el tipo de cambio o alterando la tasa de interés. En realidad, en la mayor parte de los casos se da alguna combinación de ambos.
El punto central aquí es que existe una opción para el Banco Central. Esta opción está presente no solo en un caso extremo como el descrito más arriba, sino que existe siempre: frente a presiones sobre el precio de las divisas, el Banco puede modificar la tasa de interés o dejar que se mueva el tipo de cambio, o ambas. Si solo se acciona con uno de los dos instrumentos, tasa de interés o tipo de cambio, el otro tendrá que moverse mucho más para compensar la presión que si actuara con ambos. Por eso, es recomendable emplear ambos instrumentos, de modo que los efectos de la presión, se distribuyan en varios mercados: el de divisas, el financiero y el de bienes y servicios.
Hay que recordar que los cambios en la tasa de interés afectan el gasto privado, lo que se refleja en el mercado de bienes y servicios y contribuye a lograr el objetivo de contener variaciones exageradas en el precio de las divisas. Por otra parte, los cambios en la tasa de interés interna harán más o menos atractivo buscar financiamiento en el exterior, lo que afectará la oferta de divisas en el mercado interno contribuyendo a aliviar la presión sobre su precio.
Hay varias maneras de actuar flexiblemente con el tipo de cambio. Es posible, por ejemplo, aplicar un sistema cambiario en que el precio de las divisa pueda fluctuar libremente entre ciertos límites o bandas, de modo que el Banco Central interviene solo si se alcanza alguno de esos límites. O puede aplicarse un sistema de ajustes graduales y frecuentes, en el que el Banco interviene permanentemente para mantener los precios, pero los ajusta frecuentemente siguiendo las tendencias del mercado. O, simplemente, puede aplicarse un sistema de plena libertad de movimiento en el precio de las divisas, en el que el Banco interviene solo si se dan variaciones
cambiarias que no responden a las condiciones del mercado. Por supuesto, siempre existe la alternativa de fijar definitivamente el precio de la divisa, sin permiir cambios nunca. En cualquiera de estos sistemas, salvo en el último, se utiliza el tipo de cambio como elemento de ajuste ante las presiones del mercado, ganando entonces libertad para usar la tasa de interés y distribuir el efecto de las presiones entre varios mercados.
En la actualidad, existen en el mundo diversos sistemas cambiarios. El tipo de cambio de su moneda con el dólar no existe en Panamá, Ecuador y El Salvador en América Latina, países en los que ha desaparecido la moneda nacional para ser reemplazada por el dólar de los Estados Unidos. Se dice que estos países han “dolarizado” su economía. Como circula el dólar, no existe una moneda nacional respecto de la cual establecer un cierto precio que pueda ser objeto de cambios. En China, se aplica una política de tipo de cambio fijo con el dólar, pero sin un compromiso de
mantenerlo así permanentemente.
El sistema de bandas se aplicó en Chile entre 1985 y septiembre de 1999. Los ajustes graduales y frecuentes se aplicaron en Chile en la segunda mitad de la década de 1960, y luego en Colombia y Brasil durante un período más prolongado.
Actualmente, hay muchos especialistas que piensan que los sistemas extremos son los más apropiados: o no se cambia nunca el precio de la divisa, o se lo deja flotar libremente sin pretender contener las presiones. El argumento es que los sistemas intermedios no pueden resistir las presiones del mercado, y obligan a usar mucho más drásticamente la tasa de interés. Además, en los sistemas intermedios las autoridades se ven forzadas a menudo a ceder de manera brusca, lo que genera problemas de credibilidad (no se cree en las políticas en el futuro). El debate sobre esto no está resuelto aún.
En todo caso, en Chile, como en la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia, Australia, Nueva Zelandia, Gran Bretaña y muchos otros países se aplica hoy un sistema de libre flotación del precio de la divisa.
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